A comienzos de 1913, México atravesaba una de las crisis políticas más graves de la Revolución. Durante la Decena Trágica, en febrero de ese año, el general Victoriano Huerta se volvió contra el presidente Francisco I. Madero y, después de participar en el golpe militar que lo derrocó, asumió la Presidencia. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero. El Congreso y otros poderes e instituciones reconocieron posteriormente a Huerta, mientras que en distintos sectores del país crecía el rechazo a lo que consideraban una ruptura del orden constitucional.
Entre quienes se negaron a aceptar la nueva situación estaba Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Desde el 19 de febrero, el Congreso de ese estado había desconocido a Huerta y había otorgado a Carranza facultades para organizar una fuerza armada destinada a restablecer el orden constitucional. Carranza comenzó entonces a organizar la resistencia y, después de diversos movimientos militares, se dirigió hacia el norte. El 25 de marzo llegó a la Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Allí, al día siguiente, el 26 de marzo de 1913, quedó redactado y firmado el documento que pasaría a la historia como el Plan de Guadalupe.
El documento fue elaborado con la colaboración de sus jefes y oficiales y Carranza lo dictó a su secretario, Alfredo Breceda. Su propósito era muy concreto: desconocer al gobierno de Victoriano Huerta y organizar una lucha armada para restablecer el orden constitucional. A diferencia de otros programas revolucionarios de la época, el Plan de Guadalupe original no planteaba un amplio programa de reformas sociales o agrarias. Consistía en recuperar la legalidad que, a juicio de sus promotores, había sido quebrantada por el golpe de Estado.
El Plan constaba de siete artículos. En primer lugar, desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República. También desconocía a los poderes Legislativo y Judicial de la Federación por haber reconocido al gobierno huertista. Además, establecía que los gobiernos estatales que, después de treinta días de la expedición del Plan, continuaran reconociendo a Huerta quedarían igualmente fuera del orden constitucionalista. Para llevar adelante la lucha se creaba el Ejército Constitucionalista y se nombraba a Venustiano Carranza como su Primer Jefe. El objetivo era avanzar hasta la Ciudad de México y, una vez restablecida la paz, convocar a elecciones.
La sencillez del documento era precisamente una de sus características fundamentales. El Plan de Guadalupe no intentaba resolver de inmediato todos los problemas que habían provocado la Revolución. No hablaba de reparto de tierras, derechos laborales o reformas económicas profundas. Su mensaje era más limitado: primero había que derrotar al gobierno de Huerta y restablecer el orden constitucional. Esa definición permitió reunir bajo una misma bandera a grupos revolucionarios muy diferentes, aunque las diferencias entre ellos no tardarían en hacerse evidentes.
El movimiento constitucionalista fue creciendo y entre sus principales figuras militares estuvieron Álvaro Obregón, Lucio Blanco, Jacinto B. Treviño y otros jefes revolucionarios. Francisco Villa también terminó incorporándose a la lucha contra Huerta, aunque posteriormente surgirían profundas diferencias entre villistas y carrancistas. El Ejército Constitucionalista consiguió importantes victorias y, en julio de 1914, Victoriano Huerta renunció a la Presidencia y abandonó el país. Poco después, los Tratados de Teoloyucan, firmados el 13 de agosto de 1914, formalizaron la disolución del antiguo Ejército Federal y la entrega de la Ciudad de México a las fuerzas constitucionalistas.
Sin embargo, la caída de Huerta no significó el final de los conflictos revolucionarios. Una vez desaparecido el enemigo común, las diferencias entre Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros grupos se hicieron cada vez más profundas. La Convención Revolucionaria, trasladada a Aguascalientes, se convirtió en el escenario de una disputa política que terminó dividiendo al movimiento revolucionario. En ese nuevo contexto, Carranza decidió ampliar el contenido del Plan de Guadalupe.
El 12 de diciembre de 1914, desde Veracruz, Carranza expidió las Adiciones al Plan de Guadalupe. Estas modificaciones ampliaron considerablemente el programa constitucionalista y contemplaron medidas destinadas a atender necesidades económicas y sociales, entre ellas cuestiones relacionadas con la restitución y el reparto de tierras, las condiciones de los trabajadores y la regulación de los recursos naturales. También establecieron procedimientos para convocar a elecciones y reorganizar las instituciones del país.
Estas adiciones fueron importantes porque muestran cómo evolucionó el constitucionalismo carrancista. El documento original de 1913 había sido esencialmente un programa para combatir a Huerta y restablecer el orden constitucional; las modificaciones de 1914 ampliaron ese proyecto hacia una transformación política y social más profunda. El proceso culminaría en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, que incorporó importantes derechos sociales.
En pocas palabras, el Plan de Guadalupe fue la respuesta de Carranza y sus seguidores a la ruptura del orden constitucional provocada por el golpe de 1913. Su importancia consistió en desconocer al gobierno de Huerta, organizar un ejército constitucionalista y luchar hasta recuperar el orden institucional. Con el paso del tiempo, aquel programa inicial se transformó y se amplió, hasta formar parte del proceso que desembocó en la Constitución de 1917.
Referencias: