A mediados del siglo XIX, México se encontraba profundamente dividido sobre la forma en que debía organizarse el país. Por un lado, estaban los liberales, que buscaban construir un Estado federal, republicano y con menor influencia de la Iglesia católica en los asuntos públicos; por otro, los conservadores defendían buena parte de las estructuras tradicionales, incluidos los privilegios de la Iglesia y el ejército. Esta confrontación terminó convirtiéndose en una guerra civil que enfrentó a mexicanos contra mexicanos. La Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años, comenzó en diciembre de 1857 y concluyó en enero de 1861, y su resultado transformó la organización política y social de México.
El conflicto tenía antecedentes en la Revolución de Ayutla, que en 1855 puso fin al régimen de Antonio López de Santa Anna. Después de su caída, los liberales impulsaron una serie de reformas destinadas a modificar las estructuras heredadas de la época colonial. Entre ellas estuvo la Ley Juárez, promulgada en 1855, que redujo los fueros especiales de los tribunales eclesiásticos y militares. En 1856 se promulgó la Ley Lerdo, que dispuso la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, con el propósito de favorecer su circulación económica y ampliar la propiedad privada. Estas transformaciones formaron parte del proceso político que desembocó en la Constitución de 1857, promulgada el 5 de febrero de ese año.
La nueva Constitución estableció un sistema federal y reconoció diversos derechos individuales, además de limitar importantes atribuciones de las corporaciones tradicionales, concretamente de la Iglesia y del ejército. Sin embargo, las reformas provocaron una fuerte reacción conservadora. Para los liberales, representaban un intento de reorganizar el país sobre bases constitucionales y reducir los privilegios corporativos; para los conservadores, amenazaban el orden social y político que consideraban fundamental para la estabilidad de México. La tensión llegó a un punto crítico en diciembre de 1857, cuando el general Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución de 1857.
El presidente Ignacio Comonfort apoyó inicialmente el Plan de Tacubaya, pero pronto quedó atrapado entre los distintos grupos que exigían decisiones contradictorias. Finalmente abandonó la presidencia y salió del país. De acuerdo con la Constitución, Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, los conservadores controlaban la Ciudad de México y establecieron allí un gobierno propio, primero encabezado por Félix María Zuloaga y posteriormente por Miguel Miramón. México quedó así con dos gobiernos que se consideraban legítimos: el liberal, encabezado por Juárez y obligado a desplazarse por distintas regiones hasta establecerse en Veracruz, y el conservador, que dominaba la capital.
Durante los primeros años de la guerra, los conservadores tuvieron importantes ventajas militares. Contaban con buena parte de los oficiales y de las fuerzas militares que habían servido a gobiernos anteriores, y consiguieron controlar amplias zonas del centro del país. Generales como Miguel Miramón y Leonardo Márquez obtuvieron varias victorias. Los liberales, por su parte, tuvieron que reorganizar sus fuerzas mientras defendían la legalidad constitucional. El control de Veracruz fue especialmente importante para ellos porque les permitió mantener un gobierno estable, disponer de un puerto estratégico y establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el exterior.
En medio de la guerra, Juárez promulgó en 1859 las principales Leyes de Reforma. Estas disposiciones profundizaron la transformación iniciada años antes. Entre ellas estuvieron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la creación del matrimonio civil, el establecimiento del registro civil y la secularización de los cementerios. También se establecieron medidas destinadas a limitar la intervención de la Iglesia en asuntos políticos y civiles. De esta manera, la relación entre las instituciones religiosas y el Estado comenzó a adquirir una forma completamente distinta de la que había predominado durante buena parte de la historia mexicana. La separación entre Iglesia y Estado surgió de un proceso legislativo que tuvo en las Leyes de Reforma uno de sus momentos decisivos.
La guerra también tuvo una dimensión internacional. Ambos bandos necesitaban recursos y buscaban reconocimiento y apoyo en el extranjero. El gobierno liberal negoció con Estados Unidos el Tratado McLane-Ocampo en 1859. El acuerdo contemplaba derechos de tránsito para Estados Unidos por determinadas rutas mexicanas y otras condiciones relacionadas con el comercio y la seguridad. Juárez lo ratificó, pero el Senado estadounidense no lo aprobó, por lo que nunca entró en vigor. Por su parte, los conservadores firmaron ese mismo año el Tratado Mon-Almonte con España, mediante el cual buscaron obtener respaldo para su causa y reconocer determinadas reclamaciones españolas.
Mientras continuaban las negociaciones y los enfrentamientos, el país sufría una profunda crisis económica. Las instituciones públicas carecían de recursos, el comercio se veía afectado y muchas regiones padecían los efectos de la guerra. El conflicto involucró enfrentamientos regionales, cambios de control territorial y una violencia que afectó a numerosas comunidades.
A finales de 1860, la situación comenzó a cambiar de manera decisiva. El 22 de diciembre, las fuerzas liberales dirigidas por el general Jesús González Ortega derrotaron al ejército conservador de Miguel Miramón en la batalla de Calpulalpan, librada en las cercanías de San Miguel Calpulalpan, en el actual Estado de México. La derrota dejó prácticamente desarticulada la principal fuerza militar conservadora. Poco después, el 11 de enero de 1861, Benito Juárez entró en la Ciudad de México y restableció allí el gobierno constitucional. Con ello terminó la fase principal de la Guerra de Reforma y quedó consolidada la victoria militar del liberalismo.
Las consecuencias fueron profundas. La victoria liberal fortaleció el proyecto de un Estado federal y republicano en el que la autoridad civil tendría una posición independiente de la Iglesia. El matrimonio, el registro de nacimientos y defunciones y otras cuestiones que anteriormente estaban estrechamente vinculadas con las instituciones religiosas pasaron progresivamente al ámbito civil. Las Leyes de Reforma se convirtieron así en una parte fundamental de la construcción del Estado mexicano moderno.
Sin embargo, la guerra había dejado al país con graves problemas económicos y financieros. En 1861, el gobierno de Juárez decretó la suspensión temporal del pago de la deuda externa, una decisión que provocó la reacción de España, Gran Bretaña y Francia. Las tres potencias enviaron fuerzas a México. Francia decidió continuar la intervención cuando España y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano y retiraron sus tropas. La intervención francesa desembocaría posteriormente en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo.
La Guerra de Reforma fue una lucha por definir las instituciones, las leyes y la relación entre el Estado y la religión en México. Los liberales triunfaron militarmente y lograron consolidar buena parte de su proyecto político, mientras que los conservadores, aunque derrotados en la guerra civil, continuaron buscando alternativas para recuperar influencia, incluso mediante el apoyo extranjero. El conflicto estableció bases políticas que tendrían una influencia duradera en la historia mexicana. La separación entre Iglesia y Estado, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la defensa del orden constitucional se convirtieron desde entonces en elementos centrales de la vida política del país.
Referencias: