Durante buena parte de las primeras décadas del siglo XX, el petróleo mexicano estuvo principalmente en manos de compañías extranjeras. El país poseía grandes reservas, pero buena parte de la exploración, extracción, refinación y comercialización estaba controlada por empresas británicas, estadounidenses y de otros países. Entre ellas destacaba la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, vinculada a Royal Dutch Shell, que producía entre el 50% y más del 60 por ciento del petróleo mexicano, mientras varias compañías estadounidenses aportaban una parte importante de la producción restante.
La situación tenía además un trasfondo jurídico. El artículo 27 de la Constitución de 1917 establecía el dominio de la nación sobre las tierras y aguas y sobre los recursos del subsuelo. Sin embargo, las empresas petroleras extranjeras defendían los derechos adquiridos mediante concesiones y contratos anteriores a la Constitución, mientras los gobiernos mexicanos intentaban hacer efectivo el principio de propiedad nacional. El conflicto se fue acumulando durante años y finalmente encontró su punto decisivo en un problema laboral.
En 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y los obreros comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. En 1937 estalló una huelga que llevó al gobierno de Lázaro Cárdenas a intervenir como mediador. Una comisión oficial estudió la situación financiera de las compañías y concluyó que tenían capacidad para atender las demandas de los trabajadores. El conflicto llegó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que emitió un laudo favorable a los trabajadores, y posteriormente la Suprema Corte confirmó la resolución. Las compañías petroleras se negaron a cumplirla alegando que no podían afrontar los costos.
Ese desacuerdo transformó un conflicto laboral en una crisis política y económica. Para el gobierno de Cárdenas, ya no se trataba únicamente de cuánto debían ganar los trabajadores, sino de si las empresas podían desafiar las decisiones de las autoridades mexicanas. El propio presidente explicó después que, al romperse las relaciones laborales y existir el riesgo de una paralización de la industria, el gobierno debía intervenir para evitar consecuencias graves para la economía nacional.
La noche del 18 de marzo de 1938 llegó la decisión. Después de reunirse con su gabinete, Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las compañías petroleras. El decreto incluía maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, oleoductos, tanques de almacenamiento, estaciones de distribución, embarcaciones y otros bienes necesarios para las actividades petroleras. En total, fueron 17 las compañías señaladas directamente en el decreto, entre ellas El Águila, Huasteca Petroleum, Sinclair Pierce Oil, Mexican Sinclair Petroleum, Richmond Petroleum, California Standard Oil of Mexico.
A las 10 de la noche de aquel mismo día, Cárdenas dirigió desde Palacio Nacional un mensaje radiofónico a la nación para explicar las razones de la medida. El anuncio tomó por sorpresa a las compañías y tuvo repercusiones internacionales. El gobierno sostuvo que la expropiación se realizaba por causa de utilidad pública y con fundamento en el artículo 27 constitucional y en la Ley de Expropiación de 1936. El decreto también contemplaba el pago de las indemnizaciones correspondientes, con un plazo que podía llegar hasta diez años.
La reacción dentro de México fue extraordinaria. El 23 de marzo, una multitud de más de cien mil personas se reunió en la Ciudad de México para expresar su respaldo a la decisión. Después comenzaron las colectas para ayudar al gobierno a afrontar las indemnizaciones. Miles de personas entregaron dinero, joyas y otros objetos de valor. Con el paso del tiempo surgieron numerosos relatos sobre las aportaciones populares, entre ellas las de personas que entregaron animales domésticos, objetos personales o sus pequeñas alcancías. En el Palacio de Bellas Artes funcionó incluso un comité de recaudación. La cantidad reunida fue pequeña frente al costo total de las indemnizaciones, pero tuvo un significado simbólico porque mostraba el respaldo popular a la medida.
El conflicto no terminó con el decreto. Las compañías afectadas y sus gobiernos ejercieron presión sobre México. Las empresas promovieron un embargo contra el petróleo mexicano y las exportaciones disminuyeron considerablemente. Estados Unidos adoptó una posición diferente de la británica: el gobierno de Franklin D. Roosevelt reconoció el derecho de México a realizar una expropiación, siempre que se pagara una compensación adecuada y efectiva, aunque al mismo tiempo defendió los intereses de las compañías estadounidenses en las negociaciones. Roosevelt también buscaba preservar las relaciones con México dentro de la llamada Política de Buena Vecindad, en un contexto internacional cada vez más tenso por el avance de las potencias del Eje.
Gran Bretaña mantuvo una postura mucho más dura y las relaciones diplomáticas con México llegaron a romperse. Mientras tanto, México tuvo que encontrar nuevos mercados para su petróleo. Alemania se convirtió temporalmente en un comprador importante y hubo acuerdos comerciales que incluían operaciones de trueque: México entregaba petróleo y esperaba recibir a cambio determinados productos y maquinaria.
La expropiación también produjo una reacción política y social particularmente amplia dentro de México. La defensa de la decisión presidencial trascendió al gobierno y a los trabajadores petroleros y recibió muestras de apoyo de distintos sectores de la sociedad. La situación internacional y el sentimiento de defensa de la soberanía contribuyeron a convertir la expropiación en un símbolo de unidad nacional, aunque los grupos políticos y sociales del país no coincidieran en todos los aspectos de la política de Cárdenas.
Unos meses después, el 7 de junio de 1938, el gobierno creó Petróleos Mexicanos, Pemex, como organismo encargado de realizar las actividades relacionadas con la industria petrolera, desde la exploración y explotación hasta la refinación y comercialización.
México tuvo que reorganizar una industria que hasta entonces había dependido en buena medida de empresas extranjeras, enfrentar dificultades comerciales y aprender a administrar directamente instalaciones y operaciones de gran complejidad. Además, las indemnizaciones y las negociaciones internacionales se prolongaron durante años. En 1942, México y las compañías estadounidenses llegaron a acuerdos para resolver parte de las reclamaciones, dentro de un contexto internacional marcado ya por la Segunda Guerra Mundial.
La Expropiación Petrolera del 18 de marzo de 1938 comenzó como un conflicto laboral, se convirtió en un enfrentamiento sobre el cumplimiento de las leyes mexicanas y terminó teniendo consecuencias económicas y diplomáticas. La creación de Pemex permitió al Estado mexicano asumir directamente el control de una industria estratégica, mientras la movilización popular convirtió aquel acontecimiento en uno de los símbolos más importantes de la soberanía económica del México del siglo XX.
Referencias: