Los datos abiertos representan información que puede ser utilizada, reutilizada y compartida por otras personas sin restricciones legales o técnicas innecesarias. La idea no se limita a colocar un archivo en una página web; para que unos datos sean realmente abiertos, deben poder utilizarse legalmente y, además, estar disponibles en condiciones que faciliten su procesamiento y reutilización.
En otras palabras, los datos abiertos son aquellos que cualquiera puede utilizar, reutilizar y redistribuir para cualquier propósito, con posibles condiciones como reconocer la autoría o mantener la misma apertura en las obras derivadas. En términos prácticos, esto implica dos dimensiones. Por un lado, está la apertura legal: los datos deben contar con una licencia que permita su reutilización, incluso con fines comerciales. Por otro está la apertura técnica: deben poder obtenerse y procesarse de manera razonablemente sencilla, preferentemente en formatos estructurados y legibles por máquinas, como CSV, JSON o XML, y no únicamente como una imagen o un documento escaneado. Por eso, que un gobierno publique una tabla presupuestaria en PDF no significa automáticamente que haya publicado datos abiertos en el sentido más útil del concepto.
La idea de compartir información científica y pública es anterior al movimiento contemporáneo de datos abiertos, pero el término “open data” comenzó a utilizarse en la década de 1990. Algunas fuentes sitúan su aparición en 1995, en el contexto del intercambio libre de datos científicos y ambientales. Por ello, es más preciso decir que 1995 forma parte de la historia temprana del término, mientras que la formulación específica de los principios modernos de los datos gubernamentales abiertos se desarrolló posteriormente.
Uno de los momentos decisivos ocurrió en diciembre de 2007, cuando un grupo de activistas, investigadores y especialistas en tecnología se reunió en Sebastopol, California, para discutir qué características debía tener la información pública para considerarse verdaderamente abierta. De aquella reunión surgieron los conocidos ocho principios de los datos gubernamentales abiertos: los datos debían ser completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas, no discriminatorios, estar disponibles en formatos no propietarios y carecer de restricciones de licencia que impidieran su reutilización. Estos principios ayudaron a convertir una idea general —compartir información pública— en un conjunto de criterios concretos para evaluar la calidad de esa apertura. Posteriormente, en 2015, la Open Data Charter agrupó buena parte de esta filosofía en seis principios internacionales: apertura por defecto; publicación oportuna y exhaustiva; accesibilidad y facilidad de uso; comparabilidad e interoperabilidad; utilización para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana; y contribución al desarrollo inclusivo y la innovación.
La apertura de los datos también puede entenderse como una cuestión de grados. Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, propuso un sistema de cinco estrellas para mostrar cómo puede aumentar progresivamente la utilidad de un conjunto de datos. Una estrella corresponde a publicar la información en la web con una licencia abierta, independientemente del formato. Dos estrellas significan que los datos están estructurados y pueden ser procesados por máquinas, por ejemplo, mediante una hoja de cálculo en lugar de una imagen escaneada. Tres estrellas requieren además un formato abierto y no propietario, como CSV en lugar de Excel. Cuatro estrellas incorporan identificadores únicos, como las URI, que permiten referirse de manera precisa a cada elemento. Cinco estrellas representan el nivel de datos enlazados: la información se conecta con otros conjuntos de datos y, de esa manera, adquiere contexto y puede combinarse con información procedente de diferentes fuentes. No todos los proyectos necesitan alcanzar cinco estrellas, pero cada nivel adicional puede aumentar las posibilidades de reutilización.
Los beneficios pueden resultar mucho más concretos de lo que parece. Cuando una autoridad publica datos de transporte, por ejemplo, desarrolladores y empresas pueden utilizarlos para crear aplicaciones que muestran rutas, horarios, interrupciones o condiciones del tráfico. Cuando se liberan datos meteorológicos y ambientales, pueden servir para desarrollar aplicaciones del tiempo, sistemas de alerta, investigaciones científicas o herramientas agrícolas. Cuando se publican presupuestos y contrataciones públicas en formatos reutilizables, periodistas, investigadores y ciudadanos pueden analizarlos y detectar patrones que serían mucho más difíciles de identificar si la información estuviera dispersa en documentos aislados. En todos estos casos, el valor no está solamente en que alguien pueda leer la información, sino en que otras personas puedan procesarla, combinarla y convertirla en nuevos servicios, investigaciones o decisiones.
Un ejemplo es OpenStreetMap, un proyecto colaborativo en el que personas de todo el mundo aportan y actualizan información geográfica. Su importancia demuestra que los datos abiertos no tienen que proceder exclusivamente de gobiernos. También pueden generarse mediante comunidades, organizaciones científicas y proyectos colaborativos. Los mapas abiertos pueden utilizarse para navegación, investigación, planificación urbana, logística y respuesta ante emergencias, entre muchas otras aplicaciones. En este tipo de proyectos, la apertura permite que distintas personas agreguen información, detecten errores y construyan nuevos servicios sobre una base común.
La salud pública ofrece otro ejemplo poderoso. Durante epidemias como la del Zika y, posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, compartir rápidamente secuencias genéticas y otros datos científicos permitió que investigadores de diferentes países analizaran los virus, siguieran su evolución y desarrollaran herramientas de diagnóstico y otras respuestas. En estos casos, la apertura científica no significa que cualquier información médica personal deba publicarse sin restricciones. Precisamente lo contrario: una de las grandes lecciones del movimiento de datos abiertos es que compartir información y proteger la privacidad deben avanzar conjuntamente.
La privacidad es uno de los mayores desafíos. Incluso cuando una base de datos se publica sin nombres, otros elementos —como edad, ubicación, fechas, características demográficas o información procedente de otras fuentes— pueden permitir identificar indirectamente a determinadas personas. Eliminar los nombres de una base de datos no siempre basta para garantizar el anonimato. Por eso, abrir datos exige evaluar cuidadosamente qué información puede hacerse pública, con qué nivel de detalle y en qué condiciones.
Algo parecido sucede con la calidad. Un conjunto de datos puede ser legalmente abierto y estar disponible para descargar, pero ser prácticamente inútil si contiene errores, está desactualizado, carece de documentación o cambia constantemente de estructura sin explicación. La apertura, por tanto, no consiste simplemente en “subir archivos a internet”. También requiere metadatos, documentación, estándares, mecanismos de actualización, controles de calidad y formas claras de entender de dónde proceden los datos y cómo fueron obtenidos.
El impacto económico puede ser considerable. La Unión Europea y otros organismos han estudiado durante años el valor de reutilizar la información del sector público, y sus estimaciones muestran que los beneficios pueden alcanzar decenas de miles de millones de euros y generar actividad económica y empleo. Una administración puede recopilar un conjunto de datos una sola vez y, si lo publica adecuadamente, permitir que miles de investigadores, empresas, periodistas, organizaciones y ciudadanos lo reutilicen para producir resultados diferentes.
También existen numerosas iniciativas de apertura por defecto. En algunos países y administraciones, las leyes y políticas establecen que la información pública debe ponerse a disposición en formatos abiertos y legibles por máquinas, salvo que existan razones legítimas para restringirla, como la protección de datos personales, la seguridad o determinados intereses jurídicos.
En conjunto, los datos abiertos pueden verse como una materia prima de la sociedad digital. Una cifra aislada puede parecer poco importante, pero miles o millones de registros correctamente publicados pueden convertirse en mapas, aplicaciones, investigaciones, modelos científicos, herramientas de transparencia, sistemas de alerta o nuevos negocios. La clave está en que la información pueda circular y combinarse responsablemente con otras fuentes.
Por eso, la verdadera pregunta no es simplemente si un gobierno, una universidad o una organización “publicó” sus datos, sino si realmente permitió que otras personas pudieran encontrarlos, comprenderlos, utilizarlos, combinarlos y reutilizarlos. Los datos abiertos funcionan cuando la apertura legal se acompaña de apertura técnica, calidad, documentación, interoperabilidad y protección de la privacidad. Cuando esas condiciones se cumplen, los datos dejan de ser información almacenada en un archivo y se convierten en una infraestructura sobre la cual otros pueden construir conocimiento, servicios, innovación y mejores decisiones. En ese sentido, compartir datos puede multiplicar el valor de la información al permitir que muchas personas la utilicen de maneras que quienes originalmente la recopilaron quizá ni siquiera habían imaginado.
Referencias:
- What is open data | data.europa.eu
- Open Data Toolkit |Open Data in 60 Seconds | Data
- Datos abiertos – Wikipedia, la enciclopedia libre
- Principios del Open Data | Portal de datos abiertos
- ¿Qué son los datos abiertos? | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento
- Recommendation on Open Science – Legal Affairs