A mediados del siglo XIX, México atravesaba una etapa de dificultades. Después de décadas de inestabilidad política, guerras, cambios de gobierno y enfrentamientos entre liberales y conservadores, el país seguía tratando de definir qué tipo de nación quería construir. Una parte de la sociedad defendía estructuras y privilegios heredados de la época colonial, mientras otra buscaba establecer un sistema basado en la igualdad ante la ley, las libertades individuales y una mayor limitación del poder. En ese contexto, el triunfo de la Revolución de Ayutla puso fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna y abrió el camino para convocar a un Congreso Constituyente encargado de redactar una nueva carta magna. El Congreso estuvo integrado formalmente por 155 diputados y comenzó sus trabajos en 1856. Después de casi un año de debates, el 5 de febrero de 1857 los diputados juraron la nueva Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ese mismo día también la juró Ignacio Comonfort, entonces presidente sustituto de la República.
Los redactores de la Constitución de 1857 tuvieron como antecedente la Constitución de 1824, pero incorporaron con fuerza las ideas del liberalismo de su época. Entre los principales constituyentes estuvieron Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y otros destacados liberales. Su propósito era transformar la relación entre los ciudadanos y el poder público. Por eso, el texto afirmó desde su primer artículo que los derechos del hombre eran la base y el objeto de las instituciones sociales. La idea fundamental era que las personas no debían estar sometidas arbitrariamente a la autoridad, sino contar con derechos que el Estado estuviera obligado a respetar y proteger.
La Constitución amplió el reconocimiento de las libertades individuales. Protegió la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de asociación y reunión, la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo, además de establecer la igualdad jurídica y proteger la propiedad. También prohibió las leyes retroactivas, las detenciones arbitrarias, la prisión por deudas civiles y diversas penas consideradas degradantes. La pena de muerte quedó prohibida para los delitos políticos y se mantuvo únicamente para determinados delitos graves previstos en el texto constitucional. La Constitución también eliminó los fueros y tribunales especiales, aunque conservó el fuero militar en asuntos estrictamente relacionados con la disciplina castrense. De esta manera, se avanzó hacia el principio de que las personas debían estar sometidas a un mismo marco jurídico. La Ley Juárez de 1855 había sido un antecedente decisivo de esta transformación.
En el terreno político, la Constitución restableció el federalismo y definió a México como una república representativa, democrática y federal. La autoridad nacional se organizó mediante los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Una característica importante fue que el Poder Legislativo quedó formado originalmente por una sola cámara, la de Diputados, por lo que el Senado desapareció temporalmente. El objetivo era fortalecer la representación popular y evitar que el Ejecutivo concentrara demasiado poder. El Senado sería restablecido posteriormente mediante una reforma constitucional en 1874.
La soberanía popular ocupó un lugar central. El artículo 39 estableció que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que este tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En otras palabras, la autoridad política no debía considerarse propiedad permanente de una persona, una familia, una corporación o un grupo privilegiado. El presidente tenía atribuciones importantes, pero el diseño constitucional buscaba evitar la concentración de poder que había caracterizado a algunos gobiernos anteriores.
Una de las instituciones más importantes que surgieron de esta Constitución fue el juicio de amparo. Sus antecedentes se encontraban en las experiencias constitucionales de Yucatán y en el Acta de Reformas de 1847, particularmente en las aportaciones de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. La Constitución de 1857 incorporó esta institución al ámbito federal y permitió que una persona acudiera ante los tribunales cuando considerara que una autoridad había violado sus derechos o invadido determinadas competencias constitucionales. El amparo se convirtió así en un mecanismo fundamental para limitar los abusos del poder y proteger jurídicamente a los individuos.
La cuestión religiosa fue uno de los asuntos más delicados. La Constitución afectó intereses de la Iglesia católica al consolidar la igualdad jurídica, limitar los privilegios corporativos y mantener las disposiciones relacionadas con la desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas establecidas por la Ley Lerdo. La Ley sobre Libertad de Cultos sería expedida posteriormente por el gobierno de Benito Juárez, el 4 de diciembre de 1860, como parte de las Leyes de Reforma.
La Iglesia católica reaccionó con firmeza contra la nueva Constitución. La jerarquía eclesiástica mexicana la condenó y hubo excomuniones y exigencias para que quienes la hubieran jurado se retractaran. Los conservadores consideraban que la nueva carta magna amenazaba el orden tradicional y varios grupos se levantaron contra ella.
La crisis llegó a un punto decisivo en diciembre de 1857. El general Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y proponía convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Ignacio Comonfort, que había jurado defender la Constitución y acababa de asumir como presidente constitucional, terminó apoyando el movimiento. En un episodio extraordinario de la historia mexicana, Comonfort desconoció el orden constitucional que él mismo había jurado respetar, encarceló temporalmente a Benito Juárez y trató de gobernar bajo las nuevas condiciones creadas por el Plan de Tacubaya. Su intento fracasó y tuvo que abandonar la presidencia.
La salida de Comonfort abrió la puerta a una situación todavía más complicada. De acuerdo con la propia Constitución, en caso de ausencia del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese cargo lo ocupaba Benito Juárez, quien asumió la presidencia constitucional en enero de 1858. Así comenzó la Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años, durante la cual México tuvo dos gobiernos enfrentados: el liberal, encabezado por Juárez, y el conservador, inicialmente dirigido por Félix Zuloaga y posteriormente por Miguel Miramón. Juárez estableció finalmente su gobierno en Veracruz, desde donde impulsó las Leyes de Reforma, que profundizaron la separación entre la Iglesia y el Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos, establecieron el matrimonio y el registro civiles, secularizaron cementerios y hospitales y reconocieron formalmente la libertad de cultos.
La Constitución también tuvo consecuencias importantes en materia de propiedad. La desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas buscaba poner en circulación propiedades que estaban en manos de corporaciones consideradas incapaces de aprovecharlas económicamente. Sin embargo, su aplicación afectó a numerosas comunidades indígenas que poseían tierras de manera colectiva. La transformación de esas propiedades en bienes individuales contribuyó, en distintos lugares, a la pérdida de tierras comunales y generó conflictos sociales que continuarían durante décadas. La reforma liberal pretendía promover la propiedad privada y eliminar estructuras corporativas, pero sus efectos sobre las comunidades indígenas fueron complejos y en muchos casos perjudiciales.
La ceremonia del 5 de febrero de 1857 tuvo un momento simbólico. Valentín Gómez Farías, que entonces tenía alrededor de 76 años y presidía el Congreso Constituyente, se encontraba enfermo y necesitó ayuda de otros diputados para participar en el acto solemne de juramento. Su presencia representaba la continuidad de varias décadas de lucha liberal por transformar las instituciones mexicanas.
La Constitución de 1857 sobrevivió a la Guerra de Reforma, aunque su vigencia fue interrumpida durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Tras la derrota de Maximiliano y la victoria de los republicanos en 1867, la República Restaurada recuperó el orden constitucional. El texto fue reformado en diversas ocasiones durante las décadas siguientes y permaneció como la base jurídica de México hasta la Revolución, cuando, en 1917, Venustiano Carranza convocó a un nuevo Congreso Constituyente que produjo la Constitución de 1917.
La historia de la Constitución de 1857 introdujo una concepción más amplia de los derechos individuales, fortaleció el federalismo, estableció límites al poder, impulsó la igualdad jurídica y creó el juicio de amparo. Al mismo tiempo, provocó una reacción política y religiosa de tal magnitud que contribuyó al estallido de una guerra civil.
Referencias:
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857) – Wikipedia, la enciclopedia libre
- Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 – Wikipedia
- Congreso Constituyente de México de 1856 – Wikipedia, la enciclopedia libre
- La evolución constitucional de México
- Historia constitucional de México – Wikipedia, la enciclopedia libre
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Wikipedia, la enciclopedia libre
- Segunda República Federal (México) – Wikipedia, la enciclopedia libre
- Historia del Congreso Constituyente de 1856 y 1857; estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la época. t. I