Después de más de tres décadas de un mismo hombre concentrando buena parte del poder político, México entró en una etapa de conflictos y cambios que terminarían modificando profundamente la manera de organizar el Estado. Porfirio Díaz había dominado la vida política del país durante gran parte del periodo conocido como el Porfiriato. Su salida del poder en 1911 abrió una lucha por definir qué tipo de régimen debía surgir después de aquella larga etapa de concentración del poder. Los siguientes años estuvieron marcados por enfrentamientos entre distintos grupos revolucionarios, entre ellos maderistas, huertistas, constitucionalistas, villistas y zapatistas.
La Constitución de 1917 representó uno de los cambios políticos más importantes derivados de la Revolución. El artículo 27 estableció principios fundamentales sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales, mientras que el artículo 123 reconoció derechos laborales como la jornada máxima de ocho horas, el derecho de asociación y el derecho de huelga, además de diversas medidas de protección para los trabajadores.
El artículo 27 también proporcionó la base constitucional para la reforma agraria y para una mayor intervención del Estado en la propiedad de la tierra y de los recursos del subsuelo. De esta manera, asuntos que durante el Porfiriato habían estado relacionados con la concentración de la propiedad y la explotación de los recursos pasaron a formar parte de las responsabilidades y facultades del nuevo Estado. El artículo 123, por su parte, convirtió las demandas de los trabajadores en derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, la puesta en práctica de estas disposiciones fue gradual, estuvo acompañada de conflictos y dependió de las decisiones de los gobiernos posteriores.
Otro cambio político fundamental fue la reafirmación del principio de no reelección presidencial. La experiencia del Porfiriato había convertido la permanencia prolongada de un presidente en una de las principales preocupaciones del nuevo orden político. El principio había sido una de las banderas centrales del movimiento encabezado por Francisco I. Madero con el lema «Sufragio efectivo, no reelección». La Constitución de 1917 estableció la prohibición de la reelección presidencial, aunque esta disposición fue modificada durante la década de 1920 y permitió el regreso de Álvaro Obregón a la candidatura presidencial. Después de su asesinato en 1928, la prohibición absoluta de la reelección presidencial quedó restablecida constitucionalmente en 1933. La no reelección terminó convirtiéndose en uno de los principios más duraderos del sistema político mexicano.
Pero ¿cómo conseguir que el poder dejara de depender de los caudillos y de las rebeliones armadas? Durante los primeros años posteriores al conflicto, los principales dirigentes revolucionarios todavía tenían una enorme influencia política y militar. El llamado Grupo Sonora, integrado principalmente por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, tuvo un papel decisivo en la política nacional durante la década de 1920. Las rebeliones militares y las disputas por la sucesión presidencial demostraron que la construcción de instituciones todavía estaba lejos de completarse.
El asesinato de Álvaro Obregón en 1928 agravó esa crisis. Obregón había sido elegido nuevamente para la Presidencia, pero fue asesinado antes de asumir el cargo. La situación generó el riesgo de que una nueva disputa por el poder desembocara en violencia. Plutarco Elías Calles aprovechó ese momento para impulsar una solución institucional. En su último informe presidencial planteó la necesidad de pasar de un sistema dominado por hombres fuertes a otro basado en instituciones y leyes. Poco después comenzó la organización del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que fue fundado el 4 de marzo de 1929.
El PNR buscó reunir en una misma organización a numerosos grupos revolucionarios y facilitar la sucesión del poder mediante mecanismos políticos en lugar de recurrir constantemente a las armas. Con el tiempo, aquel partido se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, y posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional, en 1946. Su larga permanencia en el poder convirtió a esta organización y a sus sucesores en el eje central de la política mexicana durante gran parte del siglo XX. El sistema conservó elecciones y otras instituciones formalmente democráticas, pero durante décadas el partido gobernante tuvo una posición dominante y mantuvo una estrecha relación con organizaciones obreras, campesinas y populares.
El periodo que siguió al asesinato de Obregón también dio lugar al Maximato, entre 1928 y 1934. Calles ya no ocupaba formalmente la Presidencia, pero conservó una influencia política dominante y fue conocido como el «Jefe Máximo de la Revolución». Durante esos años ocuparon la Presidencia Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Aunque se buscaba construir instituciones, el poder personal de los dirigentes revolucionarios todavía tenía un peso considerable.
La transformación del sistema continuó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cárdenas había formado parte del grupo político surgido de la Revolución y durante el Maximato había ocupado cargos importantes, pero una vez en la Presidencia rompió políticamente con Calles. Durante su gobierno profundizó la reforma agraria, fortaleció la organización obrera y campesina y reorganizó el partido oficial, que en 1938 se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. Esta reorganización dio una estructura corporativa al partido mediante sectores que representaban, entre otros, a trabajadores y campesinos.
La Constitución también provocó conflictos con sectores que rechazaban algunas de sus disposiciones. Las medidas relacionadas con la educación laica y las restricciones constitucionales a la participación de la Iglesia en determinados ámbitos contribuyeron al clima que desembocó en la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929. Las diferencias políticas y religiosas podían volver a llevar al país a la violencia.
Otro aspecto importante fue la dimensión internacional de este nuevo Estado. En 1930, durante la gestión de Genaro Estrada como secretario de Relaciones Exteriores, México formuló la doctrina que posteriormente recibiría su nombre. La Doctrina Estrada cuestionó la práctica mediante la cual los gobiernos extranjeros decidían si reconocían o no la legitimidad de otros gobiernos y defendió principios relacionados con la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La posición se convirtió en uno de los referentes históricos de la política exterior mexicana.
También surgió la expresión «familia revolucionaria» para referirse, de manera informal, al conjunto de dirigentes y grupos políticos vinculados al régimen surgido de la Revolución. Durante los primeros años, varios de sus dirigentes más importantes procedían de Sonora y otros estados del norte. Con el paso del tiempo, la élite política revolucionaria incorporó a personas procedentes de distintas partes del país.
La violencia política tampoco desapareció de inmediato. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados durante la Decena Trágica en 1913; Emiliano Zapata fue asesinado en 1919; Venustiano Carranza fue asesinado en 1920; y Álvaro Obregón fue asesinado en 1928. La transición entre el antiguo régimen y el nuevo sistema estuvo acompañada de enfrentamientos y de luchas por el control político.
La Revolución Mexicana contribuyó a construir un nuevo orden constitucional, incorporó derechos sociales, fortaleció las facultades del Estado sobre la tierra y los recursos naturales, estableció el principio de no reelección presidencial como una regla fundamental y creó las condiciones para que el poder revolucionario comenzara a organizarse alrededor de instituciones y partidos. La fundación del PNR en 1929 fue especialmente importante porque permitió canalizar buena parte de las disputas entre los grupos revolucionarios hacia una estructura política común.
Sin embargo, el nuevo sistema combinó instituciones constitucionales y elecciones con una fuerte concentración del poder político en el partido gobernante y en la Presidencia. La incorporación de sindicatos, organizaciones campesinas y otros sectores sociales al sistema permitió construir estabilidad y capacidad de gobierno, pero también produjo mecanismos de control político y redujo durante décadas las posibilidades de alternancia en el poder. Las consecuencias políticas de la Revolución Mexicana fueron un proceso de transformación que se extendió durante varias décadas.
Referencias: